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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que regulaba una serie de medidas sanitarias frente al tabaquismo, como la venta, suministro, consumo y publicidad de los productos del tabaco en la región.

 

En una sentencia hecha pública hoy, dictada el pasado 30 de diciembre, el Alto Tribunal madrileño da la razón al Ministerio de Sanidad y Consumo, a la Asociación No Fumadores Org. y a la Asociación de Consumidores y Usuarios (OCU) al estimar sus recursos contra la norma de Esperanza Aguirre.

 

Sanidad entendía que el Decreto de Esperanza Aguirre era “especialmente grave” y suponía una “flagrante violación” de la ley de Prevención del Tabaquismo.

 

La Abogacía del Estado, en nombre del Ejecutivo, impugnó el Decreto al entender que “las Comunidades Autónomas en el legítimo ejercicio de sus competencias pueden desarrollar la legislación básica estatal, pero no contravenirla”. “Y, en el caso presente, el Decreto impugnado contraviene la Ley estatal”, afirma.

 

En noviembre del año 2006, la Comunidad de Madrid aprobó un decreto que regulaba y suavizaba algunos puntos de la ley antitabaco del Gobierno español. Se permitía así fumar en bodas, bautizos, comuniones y actos institucionales. Además, se ampliaba el plazo de aplicación de la ley en seis meses.

 

Desde el Ministerio de Sanidad se solicitó la suspensión de la polémica normativa y se presentaron varios recursos.

 

Ahora, después de dos años, la Sección Novena, que preside el magistrado Ramón Verón Olarte, acuerda anular de pleno derecho el decreto por “haberse omitido en su elaboración el informe preceptivo del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid”.

 

 

En este sentido, la viceconsejera de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Madrid, Belén Prado, ha subrayado que en la tramitación del decreto antitabaco de la Comunidad “se ha seguido cada uno de los pasos para el desarrollo; se ha pedido el informe preceptivo del Consejo Económico y Social y de diversos organismos que entendemos que deben ser escuchados en materia de salud”. “También se han tenido en cuenta aportaciones como la de la Organización de Consumidores y Usuarios, la Asociación Aire Limpio o la de Hostelería La Viña, entre otros”, ha agregado.

 

No obstante, Prado reconoce que la Comunidad de Madrid no dio audiencia al Consejo de Consumo porque antepuso su criterio de que este decreto era “desarrollo de nuestras competencias en materia de sanidad y no de consumo”. “Por ello no se dio trámite de audiencia a este organismo”, añade.

 

Sin embargo, la Sala recuerda que “estamos ante una disposición reglamentaria que afecta a los derechos e intereses de los consumidores”, puesto que la norma recurrida regula “cuáles son los lugares en los que se prohíbe de forma absoluta el consumo de tabaco y así como los lugares en los que se va a permitir el consumo de tabaco con algunas limitaciones y protecciones a favor de los usuarios de dichos lugares que no son consumidores de tabaco”.

 

Hecha pública dicha sentencia, la Comunidad de Madrid podría recurrir ahora al Tribunal Supremo. Por el momento, la titular de la consejería ha explicado que los servicios jurídicos de la Consejería están estudiando la sentencia del TSJM y analizando las diferentes posibilidades que caben legalmente.

 

En este contexto, el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, ha pedido a Esperanza Aguirre que acate la sentencia del TSJM, confiando en que “entre en razón” y se utilice esta situación como “punto de partida” para trabajar conjuntamente con el Ministerio de Sanidad en el establecimiento de políticas comunes en materia de salud pública y prevención del tabaquismo.

 

Martínez Olmos no cierra las puertas a futuras revisiones de la Ley Antitabaco, asegurando que el Ministerio “mantiene abierta una reflexión con las comunidades sobre si hay que dar algún paso adelante” en esta materia. Por el momento, la normativa actual “necesita un rodaje” para valorar el impacto de la ley.

 

Según Prado, el objetivo de la Comunidad de Madrid al elaborar el decreto antitabaco es “defender la libertad de todos los ciudadanos y, en materia de lucha contra los efectos perniciosos del tabaco, lo que procede es la educación y no la imposición”.

 

En este sentido, recalca que “nunca hemos dejado de cumplir con la ley estatal” y que la Comunidad de Madrid ha incrementado en 2008 las inspecciones derivadas de la ley antitabaco.

 

Además, Prado ha manifestado que “de acuerdo con las últimas encuestas, el consumo de tabaco en Madrid es inferior a la media nacional en aquellas personas a quienes se pregunta si han consumido en menos de 30 días”.

 

Por su parte, la OCU ha solicitado al Ministerio de Sanidad y Consumo que se plantee “seriamente una modificación de la Ley, en la que se establezca claramente el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de un aire libre de humo de tabaco en todos los espacios públicos cerrados”. Según esta organización, la actual norma “es ambigua e incorpora numerosas excepciones” lo que ha conllevado que diversas Comunidades Autónomas la hayan desarrollado con muy diferentes criterios.

 

En la misma línea se ha pronunciado el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), que duda de que la sentencia sirva para que cambie la normativa en esta región. “La mejor solución para que todas las comunidades cumplan la Ley de Prevención del Tabaquismo es que ésta se modifique y cambie la situación de los ciudadanos expuestos al humo”, ha sentenciado el portavoz de esta entidad, Rodrigo Córdoba.

 

En cualquier caso, y a pesar de que “la sentencia llega tarde y después de dos años fastidiando a la gente”, Córdoba confía en que la Comunidad de Madrid “se ponga las pilas” e impida a los hosteleros dejar fumar en el interior de locales sin compartimentar o en aquellos destinados a la venta de alimentos, como charcuterías o pastelerías.

 

 

Fuente: elmundo.es/elmundosalud – Europa Press – EFE

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