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La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, se reunirá con el comité de empresa de Altadis para abordar la grave situación en que se encuentran los 338 trabajadores de la tabaquera, ya que la multinacional Imperial Tobacco ha anunciado el desmantelamiento de la fábrica a partir de finales de 2009, lo que conlleva despidos y traslados a otras factorías, según fuentes de los empleados. Castedo, que apoyó a la plantilla en la manifestación, tiene sobre la mesa un informe jurídico y ha solicitado otro para ver si la empresa ha incumplido el convenio que firmó en 2001 con el Ayuntamiento para sacar la planta del casco urbano.

 

Fuente: diarioinformacion.com

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La alcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo, dejó entrever que Altadis «incumplirá» el convenio suscrito con el Ayuntamiento de Alicante en el año 2000 por el que se establecían unas contraprestaciones para la tabaquera por su traslado a la nueva factoría del polígono de las Atalayas. «Sí da a entender el informe jurídico un incumplimiento por una de las partes y he pedido un segundo informe a la asesoría jurídica para que se ratifique», manifestó Castedo, arropada por prácticamente todo su equipo de gobierno del PP poco después de colocarse en la cabeza de una manifestación convocada por los sindicatos y por el comité de empresa de Altadis y que se celebró durante casi dos horas bajo una persistente lluvia.

 

La alcaldesa no tuvo inconveniente en atender a los medios de comunicación poco antes de que se iniciara la marcha: «No podía faltar a la manifestación, ayer se lo comuniqué al presidente del comité de empresa y hoy digo otra vez que todo lo que esté en mi mano lo haré, porque sobran razones para echarse a la calle», enfatizó Sonia Castedo, que secundó la marcha hasta la plaza del Ayuntamiento junto a los trabajadores.

 

La ciudad respondió de manera más que desigual. La Policía Local calculó entre 800 y 900 la cifra de manifestantes, que elevaron los sindicatos CC OO y UGT hasta las 2.000 personas. Quizás por la tibia respuesta ciudadana, la alcaldesa no ocultó su tono crítico y dijo que «la plantilla de Altadis nos necesita y la ciudad tiene que estar aquí».

 

Castedo anuncia que el Ayuntamiento «va a tomar medidas para que no se cierre la fábrica». No las desveló, aunque sí dejó claro que, tras la movilización laboral, coordinará otra cita con el comité de Altadis «para que el primer estudio jurídico se vea reforzado con otros informes». Tras ser preguntada una primera vez, dijo que «no podía» decir el sentido de dicho informe, aunque sí subrayó que «existe alguna responsabilidad en ese convenio, porque lo que se firma es para cumplirlo y una parte no lo ha hecho», insistió. En próximas fechas, la alcaldesa cotejará el informe ya elaborado y que fue anunciado a finales de julio por el ex alcalde Alperi y el que ahora elaborarán los servicios jurídicos.

 

Para los líderes sindicales de CC OO, José de la Casa, y de UGT, Óscar Llopis, que protagonizaron la marcha pero en un segundo plano, a diferencia del comité de empresa, la alcaldesa y el portavoz socialista, Roque Moreno, no pasó desapercibida la presencia del equipo de gobierno del PP. Al parecer, es la primera ocasión desde que gobiernan los populares en la ciudad que hay participación activa en una movilización estrictamente laboral.

 

Tampoco pasó desapercibido para los líderes sindicales la no asistencia de ningún representante del Gobierno valenciano, ni de la Diputación provincial, ni de la dirección regional del PP. Un día antes, CC OO y UGT ya criticaron el silencio de Camps y otros dirigentes, a diferencia de lo que ha ocurrido con sus homólogos populares de Cádiz, donde también hay una factoría de Altadis afectada por el plan de viabilidad presentado por Imperial Tobacco.

 

El portavoz socialista municipal dijo que su presencia y la de casi todo el grupo de la oposición estaba más que justificada para «defender el empleo y el mantenimiento de la empresa; el PSOE mantiene la misma posición, no entendemos la decisión de la multinacional, por lo que exigimos al Ayuntamiento que se haga cumplir el convenio», en alusión a las permutas de suelo público que permitieron el traslado de la fábrica. Aunque se había anunciado la presencia de representantes municipales de la comarca, sólo se dejó ver la alcaldesa de Mutxamel, Asunción Llorens, empleada de la fábrica desde el año 1971. Apeló al cumplimiento del convenio, en cuya elaboración fue parte activa, según explicó a La verdad.

 

Fuente: laverdad.es

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